De Alberto Lleras (1945) a Gustavo Petro (2022) se viene hablando de distribuir la tierra de forma equitativa entre los campesinos y campesinas que cultivan el campo, de modernizar el campo y promover la producción agrícola y la asociatividad para tal fin. Igualmente, desde esa época se crearon instituciones como el Incora y programas de asistencia técnica.
Lo cierto es que la distribución de la tierra de forma equitativa entre el campesinado colombiano que la trabaja, pero que no la posee (53 % de las familias que se dedican a la actividad agropecuaria no tiene tierra) y la seguridad jurídica brindada mediante la titulación de predios rurales y la adjudicación de baldíos (53 % de informalidad en la tenencia de tierras) en Colombia históricamente se ha caracterizado por tener una baja inversión pública y escasos resultados positivos dadas las diferentes fluctuaciones a lo largo de la historia entre la desaceleración y el estancamiento.
Se le achaca a la violencia y la insurgencia el poco avance en materia de reforma agraria. Sin embargo, la inequitativa distribución de la tierra y la falta de seguridad jurídica sobre la misma es la causa principal de esta violencia e insurgencia.
Varios intentos de paz a lo largo de la historia han buscado avanzar en la tan anhelada reforma agraria, desafortunadamente una cosa reza en documentos y otra ha sido la voluntad política real de avanzar en el logro de la paz por la vía de la equidad en la tenencia de la tierra productiva en el país.
El último Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos no fue la excepción y como punto número uno del Acuerdo se incluyeron compromisos de reforma agraria y desarrollo rural.
Las cifras de formalización y entrega de tierras que está entregando el actual gobierno de Gustavo Petro dan cuenta del compromiso adquirido en campaña de materializar una reforma agraria significativa realizando una verdadera redistribución de tierras y salvaguardando los derechos del campesinado.
Muestra de lo anterior, las constantes entregas de tierras en los dos primeros años de gobierno provenientes de compras, pero también de tierras incautadas a paramilitares y otra serie de actores criminales desde hace muchos años, pero las cuales no habían sido entregadas a los campesinos y campesinas víctimas del conflicto.
Sin embargo, estos grandes resultados que se están dando en materia de distribución de la tierra productiva en el campesinado colombiano que no la tiene pero que la trabaja, en la formalización de la propiedad privada rural y adjudicación de terrenos baldíos rurales cuenta con grandes dificultades, pero más que dificultades, con grandes enemigos de que se realice una verdadera y justa reforma agraria.
Dentro de las dificultades de la distribución de tierras y formalización de la misma podemos mencionar: presencia de conflicto armado en algunos territorios, dificultad por parte del campesinado de acceso a la información sobre derechos en los procesos de formalización, limitando su participación, dificultades internas de las entidades gubernamentales que participan del proceso de formalización, conflictos de tenencia de tierras entre los reclamantes (disputas legales), en algunos casos falta de cooperación por parte de los entes territoriales, las condiciones geográficas que dificultan el acceso al territorio e indudablemente la falta de credibilidad y desconfianza de las comunidades hacia la institucionalidad.
El Gobierno del Cambio, a través de la Agencia Nacional de Tierras, está realizando ingentes esfuerzos para abordar estas dificultades y avanzar en la formalización de tierras en Colombia y lograr una tenencia más justa y equitativa entre los cuales podemos mencionar: el fortalecimiento institucional, la simplificación de trámites, las campañas de sensibilización y oferta de servicios, el fortalecimiento de los mecanismos de participación comunitaria y resolución de conflictos, la capacitación y asesoría técnica a la comunidad y el mejoramiento de enfoques de tierras étnicas.
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