Así, en esta estrategia de debilitamiento juegan los poderes institucionales que controlan como la Procuraduría y las altas cortes, que mal contados han proferido más de 40 sentencias que afectan la gestión gubernamental e impiden el desarrollo del programa de gobierno mayoritariamente votado por los colombianos en el 2022.
Este bloqueo institucional al proyecto reformista incluye el debilitamiento fiscal para restarle capacidad de maniobra para financiar los programas sociales.
Recordemos sólo dos ejemplos: la sentencia judicial que eliminó la no deductibilidad de regalías le arrancó de tajo al presupuesto nacional 6,7 billones de pesos entre 2023 y 2024 y la mutilación por la Corte Constitucional de más de seis billones de pesos de recaudo a la reforma tributaria.
Pero sin duda, es con sus medios hegemónicos, donde la derecha ha concentrado su labor de zapa y debilitamiento de la imagen y la gestión gubernamental.
“Para derrotar a la ultraderecha, las izquierdas deben ser radicales”, expreso Álvaro García Linera, el exvicepresidente de Bolivia, quien se refería a ser radicales con la acepción de ir a la raíz, al fundamento. “Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Sólo así, empezando por resolver las demandas económicas más básicas de la sociedad y avanzando en una democratización real, se podrá volver a confinar a las ultraderechas a sus nichos”.
Concediéndole la razón a Linera, pienso que en este segundo tiempo del gobierno progresista de Gustavo Petro que se inauguró este 20 de julio con la apertura de la tercera legislatura, se debe mantener el empeño y la radicalidad de sacar avante las reformas sociales por las que votaron las mayorías en marzo de 2022, puesto que van al fondo de los problemas estructurales que impiden cimentar un futuro digno para los colombianos y colombianas.
En mi perspectiva, que no necesariamente es la del gobierno, después de la aprobación de la reforma pensional, que ya la derecha mezquinamente anunció someterá a una avalancha de demandas, las reformas al sistema de salud, al laboral, a los servicios públicos, al financiamiento de la educación superior y la ordinaria de la jurisdicción agraria son las que, a mi juicio, más inciden en la solución de las demandas económicas básicas de la sociedad.
El Presupuesto del próximo año representa un desafío para el gobierno nacional, pues las estimaciones de recaudo no fueron acertadas e implica recortar el gasto en 20 billones de pesos e incrementar la deuda del país.
Sin embargo, este desacierto es fácilmente subsanable si no mediaran las sentencias judiciales que han debilitado el presupuesto como ya se dijo.
Contra los vaticinios de la derecha, que prevén un naufragio de la agenda legislativa gubernamental y, a pesar de las dificultades descritas, creo que sacaremos adelante las reformas sociales.
(*) Wilson Arias Castillo, senador de la República por el Pacto Histórico. @wilsonariasc en X.
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